El caso comenzó tras la denuncia presentada por la representante de una marca textil, que había detectado dos cuentas en redes sociales utilizadas aparentemente para ofrecer gorras imitadas. Las pesquisas permitieron vincular los envíos con un domicilio de Alicante.

Con autorización judicial, los agentes registraron la vivienda que supuestamente servía para guardar y preparar los pedidos. Allí localizaron 614 gorras, además de equipos y materiales como impresoras, etiquetas y cajas. Las actuaciones fueron remitidas a los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

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