La investigación apunta a una estructura activa desde 2019 y asentada principalmente en Cataluña, con ramificaciones en Pakistán. Según los investigadores, cobraba hasta 30.000 euros por visados, documentación, empadronamientos y contratos, y hasta 8.000 euros por contratos simulados para personas que ya estaban en España.
La red habría gestionado 224 expedientes de contratación en origen entre marzo de 2022 y julio de 2023; 108 obtuvieron una resolución favorable. Los investigadores calculan que pudo obtener más de 3,2 millones de euros.
El dispositivo se desarrolló los días 26 y 27 de octubre con 81 efectivos. La mayoría de las detenciones se practicaron en Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y otros municipios. Siete detenidos serían miembros de la organización y tres han ingresado en prisión.
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