El Defensor del Pueblo ha incluido en su informe anual los retrasos acumulados por Orihuela en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. La fecha límite legal para que los municipios obligados tuvieran estas áreas en funcionamiento era el 1 de enero de 2023.
La institución señala que el Ayuntamiento aceptó sus recomendaciones y presentó un calendario, pero considera que la mayoría no se han atendido. El proyecto permanece en fase de alegaciones y todavía quedan trámites como aprobar la ordenanza, instalar la señalización y desplegar los sistemas de control.
Información contrastada con Diario INFORMACION.
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